Estas preguntas y respuestas frecuentes proporcionan información clara y concisa sobre el canal de comunicaciones de AICE y cómo se puede utilizar de manera efectiva.

El canal de comunicaciones de AICE es una herramienta que permite a empleados, proveedores, miembros y otras partes interesadas presentar informes confidenciales sobre conductas inapropiadas, irregularidades o cualquier asunto ético o legal que afecte a AICE.

AICE ha implementado el canal de comunicaciones para fomentar un ambiente ético y seguro, donde las preocupaciones y las comunicaciones puedan ser expresadas de manera confidencial y tratadas adecuadamente.

¿Cómo puedo acceder al canal de comunicaciones?

La Ley 2/2023 establece la obligación de comunicar la existencia y funcionamiento del canal de comunicaciones por medios adecuados. Por ejemplo, por medio de su página web, correo electrónico, folletos informativos, reuniones de trabajo, formaciones, etc. Cuando la empresa dispone de página web, está obligada a dar publicidad de la existencia del canal de comunicaciones en dicha web.

La Ley 2/2023 establece la obligación de ofrecer al informante la opción de realizar la comunicación de forma anónima.

Cualquier empleado, exempleado, trabajadores en procesos de selección; socios, directivos, contratistas, proveedores y clientes.

Esta ley protege las comunicaciones que informen sobre acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave que involucre a AICE. en los ámbitos siguientes: contratación pública, servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, productos y mercados financieros, prevención y lucha contra el fraude fiscal y aduanero, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria y bienestar animal, salud pública e higiene laboral, protección nuclear y radiológica, seguridad del transporte terrestre y marítimo, protección del mercado interior y competencia leal entre empresas.

AICE se compromete a mantener la confidencialidad de la identidad del informante en la medida en que la ley lo permita. La información se manejará de manera confidencial.

AICE prohíbe cualquier forma de represalia contra los informantes de buena fe. Si experimentas represalias, debes informar de inmediato al responsable del canal de comunicaciones para que se tomen medidas adecuadas.

Las comunicaciones válidas se someten a una investigación exhaustiva, que puede incluir la recopilación de pruebas, entrevistas y evaluación de testigos.

El tiempo necesario para resolver una comunicación puede variar según la complejidad del asunto, pero nos esforzaremos por hacerlo de manera oportuna.

La información relacionada con la comunicación se conservará durante el tiempo necesario para cumplir con los fines establecidos y de acuerdo con las obligaciones legales.

El canal de comunicaciones está diseñado para la presentación de comunicaciones. Si tienes preguntas generales, te recomendamos que te pongas en contacto con departamento o dirección de contacto.

En general, puedes informar cualquier asunto relacionado con conductas inapropiadas, irregularidades o problemas éticos o legales que involucren a AICE.

El informante podrá formular su comunicación por cualquiera de los siguientes medios: por medio de la web corporativa, por email, por correo postal ordinario o verbalmente.

Sí. La ley establece la obligación de informar al informante sobre el estado y resultado de la comunicación, siempre que sea posible y no comprometa la confidencialidad o la eficacia del proceso.

Esta ley protege las comunicaciones que informen sobre acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave en los ámbitos siguientes: contratación pública, servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, productos y mercados financieros, prevención y lucha contra el fraude fiscal y aduanero, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria y bienestar animal, salud pública e higiene laboral, protección nuclear y radiológica, seguridad del transporte terrestre y marítimo, protección del mercado interior y competencia leal entre empresas.

La persona que formule una comunicación interna tiene las siguientes garantías: confidencialidad de su identidad y datos personales; protección frente a represalias o medidas disciplinarias; asesoramiento legal gratuito; indemnización por daños y perjuicios; derecho a solicitar medidas cautelares; derecho a solicitar el traslado temporal o definitivo a otro puesto o centro de trabajo; derecho a solicitar la suspensión temporal o definitiva del contrato laboral; derecho a solicitar la extinción del contrato laboral con indemnización; derecho a solicitar medidas para restablecer su situación profesional y reputacional.

Usar el canal de comunicaciones tiene los siguientes beneficios: contribuir a la mejora de la organización, prevenir y detectar posibles irregularidades, fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad, proteger los derechos e intereses de los trabajadores y de la empresa, y evitar posibles sanciones o daños reputacionales.

Una comunicación debe cumplir los siguientes requisitos para ser admitida a trámite: estar relacionada con alguna de las materias protegidas por la ley, ser formulada de buena fe y con indicios razonables, contener datos e información suficientes para iniciar una investigación, y no ser manifiestamente infundada o temeraria.

La ley establece que la empresa debe resolver una comunicación en el plazo máximo de tres meses desde su recepción. Si no fuera posible resolverla en dicho plazo, se podrá prorrogar por otros tres meses más, siempre que se comunique al informante las causas de la demora y el plazo estimado de resolución.

La empresa puede adoptar las siguientes medidas tras resolver una comunicación: archivarla si no se ha podido acreditar la veracidad de los hechos comunicados, sancionar al autor o autores de la conducta irregular, adoptar medidas correctivas o preventivas para evitar que se repita la conducta irregular, comunicar a las autoridades competentes los hechos comunicados si pudieran ser constitutivos de infracción penal o administrativa grave o muy grave, o reconocer y recompensar al informante si su actuación ha supuesto un beneficio para la empresa.

Si se sufre alguna represalia por haber formulado una comunicación, se debe comunicar al responsable del canal de comunicaciones o a cualquier otro órgano interno que pueda ofrecer protección al informante. También se puede acudir a los servicios jurídicos externos que ofrece la ley o a los organismos públicos competentes en materia laboral o administrativa. En caso de que se considere que se ha vulnerado algún derecho fundamental, se puede interponer una demanda ante los tribunales ordinarios.